Luis F. Reyes
Una vez más, las universidades autónomas se han convertido en uno de los principales bastiones de la contrarrevolución. L@s más furibund@s lacay@s del imperialismo han tratado de usar a l@s jóvenes como un respiro a sus continuos fracasos, empleando varias campañas mediáticas y de agitación política bajo el pretexto de la lucha por la libertad y la democracia. Actualmente se escudan en la venidera conmemoración del Día del Estudiante, sin tomar en cuenta su significado histórico.
La huelga del 21 de noviembre de 1957, que inspiró la conmemoración del Día del Estudiante, fue realizada en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez y estuvo enmarcada en la lucha por la derrota a la tiranía perezjimenista y la obtención de diversas reivindicaciones sociales. Sin embargo, una vez logrado el derrocamiento de la dictadura el 23 de enero de 1958 y de celebrarse elecciones presidenciales, una camarilla perteneciente a los partidos AD y Copei secuestraron los logros del movimiento popular mediante el Pacto de Punto Fijo, decretando una infame era de gobiernos anti-democráticos, represivos y corruptos.
El primer gobierno de la Cuarta República fue presidido por Rómulo Betancourt, el mal llamado «padre de la democracia»: suspendió las garantías constitucionales en su período presidencial alrededor de seis veces aduciendo como motivos las huelgas de trabajador@s y transportistas, las manifestaciones de desemplead@s y la rebelión del Carupanazo. Según Raúl Zurita Daza, en su libro Víctimas de la democracia representativa en Venezuela, el gobierno de Betancourt «mantuvo 761 días de suspensión de garantías constitucio-nales, casi la mitad de sus cinco años de gobierno». Estas medidas de Betancourt no pueden verse como un mero dato estadístico; la recurrente suspensión de garantías tenía como función reprimir –disparen primero y averigüen después- y disminuir al movimiento popular, que continuaba luchando por las reivindicaciones sociales que lo movieron en contra de la dictadura.
Esta represión continuaría a lo largo de la década del 60, afectando enormemente a l@s universitari@s que habían formado parte de la rebelión popular anti-perezjimenista, quienes sufrieron constantes agresiones tanto físicas como mediáticas. Uno de los ataques más lamentables a la comunidad universitaria fue el allanamiento a la Universidad Central de Venezuela por parte del gobierno de Raúl Leoni el 14 de diciembre de 1966, que sirvió para paralizar las actividades universitarias alrededor de dos meses, detener a dirigentes estudiantiles y desalojar a l@s estudiantes que se albergaban en la residencias que se encontraban dentro de la Ciudad Universitaria de Caracas. El desalojo de estas residencias marcó un inicio en las políticas privatizadoras de los gobiernos de la Cuarta República hacia el sector universitario.
En el año 1969 las protestas estudiantiles por las exigencias sociales se intensificaron. El movimiento universitario continuó en su proeza revolucionaria, poniendo corazón, mente y acción en la transformación universitaria de cara al pueblo. A través de numerosas protestas y manifestaciones, el Movimiento de Renovación Universitaria se hacía sentir en todo el país, inspirado en gran medida por el Mayo Francés del 68 y diversos acontecimientos políticos que hicieron de esta década un ardor de los movimientos universitarios. Sin embargo, en su primer mandato, el llamado «pacificador» Rafael Caldera ejerció diversas acciones para golpear y desmantelar el sistema universitario. El 31 de octubre de 1969, el gobierno tomó el Jardín Botánico con la Guardia Nacional y, en la madrugada del 25 de octubre de 1970, intervino la Universidad Central de Venezuela, destituyendo a sus autoridades y paralizando la institución. Además, se instituyó el Consejo Nacional de Universidades provisional, que después dejó de ser provisional y se convirtió en un mecanismo de control directo a las univer-sidades a través del ahorcamiento presupuestario, otra de las formas de agresión a la universidad que el puntofijismo aplicó durante las próximas décadas de su nefasto período.
Las fechas históricas como el 21 de noviembre de 1957, por ejemplo, deben recordarse a través de su dimensión socio-histórica y, sobre todo, bajo el lente de la lucha de clases, para que las futuras generaciones conozcan la historia no contada a causa de la influencia de la ideología dominante en la educación y para que, por ende, estén dispuestas a sumarse a los caminos de lucha por la revolución socialista.
Una vez más, las universidades autónomas se han convertido en uno de los principales bastiones de la contrarrevolución. L@s más furibund@s lacay@s del imperialismo han tratado de usar a l@s jóvenes como un respiro a sus continuos fracasos, empleando varias campañas mediáticas y de agitación política bajo el pretexto de la lucha por la libertad y la democracia. Actualmente se escudan en la venidera conmemoración del Día del Estudiante, sin tomar en cuenta su significado histórico.
La huelga del 21 de noviembre de 1957, que inspiró la conmemoración del Día del Estudiante, fue realizada en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez y estuvo enmarcada en la lucha por la derrota a la tiranía perezjimenista y la obtención de diversas reivindicaciones sociales. Sin embargo, una vez logrado el derrocamiento de la dictadura el 23 de enero de 1958 y de celebrarse elecciones presidenciales, una camarilla perteneciente a los partidos AD y Copei secuestraron los logros del movimiento popular mediante el Pacto de Punto Fijo, decretando una infame era de gobiernos anti-democráticos, represivos y corruptos.
El primer gobierno de la Cuarta República fue presidido por Rómulo Betancourt, el mal llamado «padre de la democracia»: suspendió las garantías constitucionales en su período presidencial alrededor de seis veces aduciendo como motivos las huelgas de trabajador@s y transportistas, las manifestaciones de desemplead@s y la rebelión del Carupanazo. Según Raúl Zurita Daza, en su libro Víctimas de la democracia representativa en Venezuela, el gobierno de Betancourt «mantuvo 761 días de suspensión de garantías constitucio-nales, casi la mitad de sus cinco años de gobierno». Estas medidas de Betancourt no pueden verse como un mero dato estadístico; la recurrente suspensión de garantías tenía como función reprimir –disparen primero y averigüen después- y disminuir al movimiento popular, que continuaba luchando por las reivindicaciones sociales que lo movieron en contra de la dictadura.
Esta represión continuaría a lo largo de la década del 60, afectando enormemente a l@s universitari@s que habían formado parte de la rebelión popular anti-perezjimenista, quienes sufrieron constantes agresiones tanto físicas como mediáticas. Uno de los ataques más lamentables a la comunidad universitaria fue el allanamiento a la Universidad Central de Venezuela por parte del gobierno de Raúl Leoni el 14 de diciembre de 1966, que sirvió para paralizar las actividades universitarias alrededor de dos meses, detener a dirigentes estudiantiles y desalojar a l@s estudiantes que se albergaban en la residencias que se encontraban dentro de la Ciudad Universitaria de Caracas. El desalojo de estas residencias marcó un inicio en las políticas privatizadoras de los gobiernos de la Cuarta República hacia el sector universitario.
En el año 1969 las protestas estudiantiles por las exigencias sociales se intensificaron. El movimiento universitario continuó en su proeza revolucionaria, poniendo corazón, mente y acción en la transformación universitaria de cara al pueblo. A través de numerosas protestas y manifestaciones, el Movimiento de Renovación Universitaria se hacía sentir en todo el país, inspirado en gran medida por el Mayo Francés del 68 y diversos acontecimientos políticos que hicieron de esta década un ardor de los movimientos universitarios. Sin embargo, en su primer mandato, el llamado «pacificador» Rafael Caldera ejerció diversas acciones para golpear y desmantelar el sistema universitario. El 31 de octubre de 1969, el gobierno tomó el Jardín Botánico con la Guardia Nacional y, en la madrugada del 25 de octubre de 1970, intervino la Universidad Central de Venezuela, destituyendo a sus autoridades y paralizando la institución. Además, se instituyó el Consejo Nacional de Universidades provisional, que después dejó de ser provisional y se convirtió en un mecanismo de control directo a las univer-sidades a través del ahorcamiento presupuestario, otra de las formas de agresión a la universidad que el puntofijismo aplicó durante las próximas décadas de su nefasto período.
Las fechas históricas como el 21 de noviembre de 1957, por ejemplo, deben recordarse a través de su dimensión socio-histórica y, sobre todo, bajo el lente de la lucha de clases, para que las futuras generaciones conozcan la historia no contada a causa de la influencia de la ideología dominante en la educación y para que, por ende, estén dispuestas a sumarse a los caminos de lucha por la revolución socialista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario